Los hechos

El acusado se acercaba a personas de edad avanzada mientras operaban en cajeros automáticos. Cuando ya habían introducido la tarjeta o la cartilla, las distraía poniendo las manos sobre el teclado o simulando ayudarlas, y les hacía creer que el cajero se había quedado con el documento. En ese desconcierto se hacía con la tarjeta y, insistiéndoles en que debían teclear el número secreto para recuperarla, también con la clave. Instantes después extraía dinero en el mismo cajero o en uno próximo.

Las víctimas identificadas tenían 81 y 88 años, entre otras. Fue condenado por delito continuado de estafa agravada por el elevado número de personas afectadas, con la agravante de disfraz. En casación alegó, entre otras cosas, que no concurría engaño bastante.

Fundamento jurídico

La Sala aprovecha para ordenar en forma de decálogo su doctrina sobre el llamado deber de autotutela, que es el argumento que se opone sistemáticamente a las víctimas de fraude. Antes de enumerarlo, fija el punto de partida:

1. El engaño se mide por quien lo despliega, no por quien lo sufre

2. Solo exonera el engaño absolutamente burdo

Y con anterioridad, citando su propia doctrina, la Sala había precisado el listón:

3. Exigir desconfianza sistemática es inasumible

4. La ley no protege solo a los desconfiados

Comentario de PenalTech

Conviene decirlo de entrada: los hechos de esta sentencia ocurren en un cajero, no en internet. Pero la doctrina que fija es exactamente la que se discute en cada asunto de fraude online, porque el argumento de la falta de autotutela es el que se opone a quien ha picado en un SMS que parecía de su banco, en una llamada que parecía del servicio antifraude o en una web de compraventa.

Que el Supremo lo ordene en un decálogo es útil precisamente por eso: convierte en once frases citables lo que antes había que reconstruir sentencia a sentencia. La frase que más rendimiento da es la segunda —el engaño se mide por la maniobra del autor, no por la perspicacia de la víctima—, porque desmonta de raíz el planteamiento contrario, que consiste en analizar todo lo que la víctima podría haber hecho mejor.

Y hay una expresión que merece atención por sí sola: la Sala habla de victimización secundaria. Culpar a la víctima de haber confiado no es solo un mal argumento jurídico: el tribunal lo describe como un daño añadido. En asuntos donde la persona ya llega avergonzada por haber caído, eso importa mucho más que una cita.

El límite existe y es honesto reconocerlo: el engaño burdo, grosero o esperpéntico sigue excluyendo el tipo. Ahí es donde se juega la defensa cuando el caso lo permite, y donde conviene ser realista sobre si la maniobra concreta resiste ese calificativo.